La Provincia de Córdoba decidió avanzar con un proyecto de ley para prohibir los naranjitas ilegales y los limpiavidrios en todo el territorio provincial, en una jugada política que combina seguridad, ordenamiento del espacio público y un delicado equilibrio con la autonomía de los municipios.

La definición surgió tras una reunión de trabajo encabezada por el oficialismo provincial junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto, el intendente capitalino Daniel Passerini y el legislador Juan Manuel Llamosas, actual presidente de la Comisión de Seguridad de la Unicameral, además de ministros y funcionarios del área de Seguridad.

Según se informó, la idea es establecer un criterio general para toda la provincia: donde la actividad no esté autorizada, quedará prohibida; y donde sí se permita, cada municipio deberá implementar un sistema formal de registro, identificación y control. El mensaje político es claro: la Provincia quiere poner reglas comunes, pero sin asumir un avance directo sobre las competencias locales.

Ese punto es, justamente, el corazón del debate. Porque detrás de la discusión sobre naranjitas y limpiavidrios aparece una tensión más profunda entre seguridad, convivencia urbana y autonomía municipal. La Provincia busca mostrar firmeza frente a una problemática que genera quejas en distintas ciudades, pero al mismo tiempo evita cargar con el costo total de una prohibición uniforme y traslada parte de la definición a cada intendencia.

En paralelo, el Gobierno promete acompañar este proceso con programas de reinserción laboral para quienes hoy desarrollan estas actividades. Ese aspecto será clave para medir la consistencia real de la iniciativa: si la respuesta queda solo en la prohibición, la medida corre el riesgo de convertirse en un gesto punitivo; si se traduce en alternativas concretas de empleo e inclusión, podría abrir otro escenario.

La discusión recién empieza, pero ya anticipa ruido político. No solo porque toca una postal cotidiana de muchas ciudades cordobesas, sino porque también obliga a los municipios a fijar posición. En una provincia donde el vínculo entre poder central y gobiernos locales siempre es sensible, la calle vuelve a convertirse en un territorio de disputa política.