El fiscal General Juan Manuel Delgado y el adjunto Pablo Bustos Fierro firmaron un dictamen en el que le reconocen a Aurelio García Elorrio la representación colectiva de “los niños por nacer” e incluso “los niños no deseados” en una resolución a pedido de la Cámara que tramita el amparo que presentó el abogado y exlegislador contra la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Córdoba.

En el mismo dictamen (ver texto completo en PDF), van más allá y piden que se conceda el efecto suspensivo del amparo planteado por Elorrio y Portal de Belén y que se deje de aplicar el aborto legal en Córdoba hasta que se resuelva la causa.

Delgado firmó en conjunto con Bustos Fierro para “resguardar el dictamen” porque fue recusado por tres organizaciones que intervienen en la causa: la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil por el Derecho a Decidir (Católicas por el Derecho a Decidir) y la Clínica de Litigio de Interés Público (Clip).

Además del contenido del dictamen y su oportunidad en contexto preelectoral, en la Justicia llamó la atención el apuro: Delgado no esperó la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que no había decidido aún si lo mantenía o lo apartaba de tratar este tema, sobre el que ya había adelantado opinión antes de asumir su cargo.

El dictamen fue firmado el 3 de agosto y no fue publicado ni difundido por la Fiscalía General. Y también llama la atención que no cuenta con la firma de los otros fiscales adjuntos: Héctor David y José Gómez Demmel.

Hay que aclarar que el dictamen del fiscal General no es vinculante. Es requerido por la Cámara, pero no está obligada a seguirlo para dictar sentencia. Deberá determinar el TSJ, que es el tribunal de alzada cuando se da una apelación en Cámara.

Este jueves, luego de la publicación de La Voz, la Fiscalía General difundió un comunicado en el que el Delgado explica la secuencia de hechos que derivó en el dictamen. En el relato de Delgado: “Arribada la causa a la Fiscalía General, se advirtió que a pesar de haber corrido traslado y remitido las actuaciones ante este órgano, el Alto Cuerpo aún no se había pronunciado en relación a la recusación con causa planteada respecto del doctor Juan Manuel Delgado en su carácter de Fiscal General de la Provincia de Córdoba, ni en relación al informe evacuado por este al respecto. Por lo tanto, a fin de cumplimentar con el traslado ordenado por el TSJ en el plazo de 48 horas y a fin de resguardar la validez de la intervención del Ministerio Público Fiscal en el proceso que pudiera causarse en la presente en razón de dicha recusación con causa, en el dictamen se aclaró que la vista se evacuaba de manera conjunta por el Fiscal General Delgado y el fiscal Adjunto Pablo Bustos Fierro”.

En el dictamen, Delgado y Bustos Fierro se pronuncian a favor de reconocerle a Elorrio la representación dos colectivos: “uno, conformado por los niños no nacidos y no deseados por sus progenitoras en la Provincia de Córdoba; el otro, las niñas menores de 18 años a las que les están suministrando el producto misoprostol”.

Incluso, Delgado y Bustos Fierro contestan la vista remitida por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 1° Nominación de Córdoba a favor de un amparo, con efectos suspensivos, de la aplicación de la ley de la IVE en Córdoba, al entender que “no se puede negar que, sin la tutela cautelar que se cuestiona, existe el riesgo grave e inminente de que una o más de las personas por nacer cuya representación colectiva ha asumido la amparista sea privada de su vida”.

En abril de este año la Cámara admitió el amparo, pero no concedió la suspensión de la aplicación de la ley.

En el dictamen de los fiscales generales principal y adjunto -designados por el gobernador Juan Schiaretti y ratificados por la Legislatura el año pasado- se comparten casi todos los argumentos de la apelación de Elorrio. Dicen, en el nudo de los argumentos:”El derecho a la vida de las personas por nacer y aún el derecho a la salud de las personas gestantes menores de 18 años sometidas a la droga misoprostol 200 en centros que carecen de la atención obstétrica adecuada -lo que pone en riesgo su derecho a la vida-, no reviste igual jerarquía que el derecho a decidir, sino que es de grado superior. Sin derecho a la vida, ninguno de los demás derechos podrá ser ejercido”.

Todo podría resumirse en el último párrafo del dictamen de Delgado y Bustos Fierro: “Atento encontrarse en juego el derecho a la vida, el que como ya se dijo es el primer derecho que tienen las personas y de no tutelarse adecuadamente procediéndose a la interrupción voluntaria del embarazo sería de imposible reparación frente a la hipótesis de que la demanda sea acogida, esta Fiscalía General recomienda hacer lugar a ambos recursos de apelación interpuestos por la parte amparista y despachar la medida cautelar pretendida con el alcance requerido”. Es decir, todo lo que pidió Elorrio.

La exconcejala por el Frente de Izquierda, Laura Vilches, respondió con dureza el dictamen: “Trogloditas y retrógrados hay en todas partes, sobre todo, en la justicia cordobesa: los fiscales Juan Manuel Delgado y Pablo Bustos Fierro solicitan al TSJ que haga lugar al planteo de García Elorrio contra el aborto legal. Piden que la Justicia le reconozca la representación de “los ñiños por nacer” y “los niños no deseados” (así, en masculino) algo sobre lo que el TSJ, producto de nuestra lucha, ya se expidió negándole este pedido freaky. Piden que además, le nieguen el derecho a las mujeres y personas gestantes menores de 18 años para decidir”.

Izquierda diario, la publicación del Frente de Izquierda, encabeza su edición digital con este título: Un hombre del Opus Dei: el fiscal General pide suspender el derecho al aborto en Córdoba.