La Cámara de Diputados aprobó con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones el proyecto que otorga un aumento del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones gestionadas por la ANSES (excepto regímenes especiales) y eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualizaciones futuras atadas a la inflación.

También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.

La iniciativa, impulsada por bloques opositores, desató un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei, que ya anticipó el veto presidencial si el Senado ratifica la medida, alegando un impacto adverso en el superávit fiscal.

El proyecto contó con el respaldo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En contra se posicionaron La Libertad Avanza (LLA), el PRO y bloques provinciales, mientras que la UCR optó por la abstención. La sesión, cargada de tensiones, reflejó las profundas divisiones entre el oficialismo y la oposición en torno a las políticas previsionales y la sostenibilidad fiscal.

La restitución de la moratoria fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. En este caso, resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloque Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.

Detalles de la propuesta y su financiamiento

El aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones, aplicable a los beneficiarios cuya movilidad se rige por el artículo 32 de la Ley 24.241, tendrá un costo estimado del 0,20% del PBI en 2025 y del 0,42% en 2026, según un informe del Palacio de Hacienda.

Por su parte, el incremento del bono a $110.000, que se ajustará por inflación, implicará un costo fiscal de aproximadamente el 0,26% del PBI, de acuerdo con cálculos de la Oficina del Presupuesto del Congreso. Este monto se consensuó como un punto intermedio entre los $105.000 (0,23% del PBI) y los $115.000 (0,30% del PBI) propuestos inicialmente.

Para financiar estas medidas, la oposición incluyó recortes de gasto tributario, como la eliminación de la exención al IVA para directores de empresas y del impuesto a las ganancias para sociedades de garantía recíproca. También se propuso redirigir ahorros presupuestarios obtenidos tras la quita de recargos del FMI, nacionalizar fondos de ACARA y CSA de los registros automotores, y reasignar partidas originalmente destinadas a la SIDE por decreto.

El choque con el Gobierno

El oficialismo, liderado por LLA, calificó la iniciativa como una amenaza al equilibrio fiscal, pilar central de la gestión de Milei. En la antesala de la sesión, el gobierno difundió cálculos sobre el impacto presupuestario, aunque varios de estos fueron cuestionados por la oposición por considerar que exageraban los costos o subestimaban los ingresos propuestos. La advertencia del presidente de vetar cualquier medida que ponga en riesgo el superávit fiscal añadió un capítulo más a la creciente polarización entre el Ejecutivo y el Congreso.

El debate

La Cámara de Diputados debatía desde las 15 el proyecto para aumentar las jubilaciones en un 7,2 por ciento, además de un incremento del bono de 70 mil pesos para los adultos que cobran la mínima.

La sesión especial comenzó a las 12.20 pero los diputados opositores se enfrascaron en una discusión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la integración de la comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda Libra.

Los legisladores debatían un dictamen de mayoría propuesto por Unión por la Patria (UxP) para aumentar un 7,2 por ciento las jubilaciones y un incremento del bono que cobran los adultos de la mínima para dejarlo en 110 mil pesos, y que cuenta con el respaldo de los bloques de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.

Desde el Gobierno anticiparon el veto a los proyectos jubilatorios y de Emergencia en Discapacidad porque sostienen que genera un impacto fiscal de 12 mil millones dólares, es decir 1,8 del PBI.

Los diputados tienen diferencias sobre los cambios en el sistema porque UxP propone extender la moratoria por dos años y Encuentro Federal, la UCR, un sector del PRO y Democracia para Siempre quieren un sistema de prestación proporcional que mejore la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80 por ciento del haber mínimo.

Al abrir el debate, la diputada de UxP Victoria Tolosa Paz sostuvo que el aumento de 7,2 por ciento a las jubilaciones "es una reparación" a la situación que atraviesan los jubilados mientras el Gobierno sacó decretos de "181 mil millones de pesos para espiar ".

La diputada nacional Alejandra Torres se pronunció sobre varios temas críticos en el Congreso, incluyendo la actualización de los haberes jubilatorios, la moratoria previsional y la emergencia en el Hospital Garrahan y el sistema de discapacidad. En un reciente diálogo con Cadena 3, Torres expresó su preocupación por la dirección del debate legislativo actual.

“Comenzó una discusión fuerte con un tema de moción, con un tema de Libra, que la Comisión que tiene que dar su cargo en la investigación del caso Libra todavía no tiene presidente”, señaló la diputada. Según Torres, el Congreso pasó cuatro horas discutiendo este tema, lo que considera “una falta de respeto” ante la importancia de los asuntos jubilatorios y de discapacidad que requieren atención urgente.

Torres ha presentado un proyecto relacionado con las jubilaciones que se enmarca en un contexto de más de 20 iniciativas que buscan recomponer los haberes jubilatorios. “Hay un grupo vinculado con la recomposición de haberes jubilatorios, que en general se menciona o el 7.2, más adicionales, suplementos o la incorporación del bono”, explicó.

La diputada destacó que su propuesta no tiene costo fiscal y busca eliminar el requisito de 30 años de aporte para acceder a una jubilación, ampliando la base imponible para definir el haber jubilatorio.

En cuanto a la situación de las personas con discapacidad, Torres señala que “declarar la emergencia es realmente la consecuencia de un problema mucho más profundo”. La diputada menciona que “el nomenclador arancelario de los prestadores y las prestaciones en general no se han actualizado desde hace más de seis meses”, lo que ha deteriorado el poder adquisitivo de quienes requieren estos servicios.

“Estamos de acuerdo que el nomenclador único de discapacidad sea actualizado en función del IPC para que los valores actuales”, afirmó Torres, quien también resalta la necesidad de establecer un proceso de evaluación unificado en todo el país para quienes buscan acceder a los beneficios por discapacidad. “Es fundamental tener un proceso claro de quién puede acceder a esos beneficios”, concluyó la diputada, enfatizando la importancia de una atención adecuada por parte del Estado para quienes padecen condiciones de discapacidad.