Representantes de siete bloques opositores de la Legislatura de Córdoba convocaron este lunes a conferencia de prensa y confirmaron que presentaron un pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez en el marco de la investigación por la muerte de Agostina Vega. Hay otros dos espacios políticos que ya habían adelantado el mismo reclamo.

La presentación de este lunes fue impulsada de manera conjunta por legisladores de la UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos.

Además, los legisladores del arco opositor solicitaron la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al considerar que existe una responsabilidad política por la situación de inseguridad que atraviesa la provincia.

En este pronunciamiento conjunto, los bloques señalaron que buscan “defender Córdoba ante el descalabro político judicial que sacudió a la provincia”, y reclamaron que se investigue el accionar de los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa.

El presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, aseguró que el caso expone una presunta relación de “connivencia” entre sectores de la política y la Justicia.

“La connivencia entre el poder político y la Justicia es lo que estamos viendo en Córdoba. Después de 27 años del peronismo en el poder esta es la Justicia que tenemos. Nos avergüenza y nos duele”, afirmó.

El legislador cuestionó puntualmente al fiscal Rodríguez por haber dispuesto la liberación de Claudio Barrelier, quien está detenido y investigado por la la muerte de Agostina Vega, la joven de 14 años que habría sido asesinada entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada de ese fin de domingo. “En 2025, (Barrelier) cometió delitos atroces, estuvo preso apenas 20 días y el fiscal Iván Rodríguez lo liberó. Miren lo que sucedió después”, expresó.

Nostrala también vinculó el caso con el debate legislativo por la creación de nuevos cargos en el ámbito judicial, que le permitieron a Rodríguez llegar a un cargo vitalicio.

“Están creando una estructura para pagar favores políticos, designar amigos en cargos vitalicios y millonarios. Entre esos cargos está el fiscal que liberó el año pasado a esta persona. Acá se debe determinar si está o no en condiciones de ejercer la función”, señaló.

Según el dirigente opositor, la Legislatura provincial tiene una responsabilidad institucional frente a lo ocurrido. “Ese fiscal fue designado por esta Unicameral y por eso creo que la política y los legisladores tenemos la obligación de resolver este tipo de situaciones”, agregó.

Nostrala también apuntó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al insistir en el pedido de apartamiento.

“No es un capricho. Es por la situación de seguridad que vive Córdoba, por lo que sucede en los barrios y con el narcotráfico. Nunca respondió un pedido de informes. Es una persona que no está capacitada para el cargo”, afirmó. “La seguridad está en manos de gente incapaz que no se preparó y que no tiene equipos. Pedimos la urgente separación del cargo del ministro Quinteros”, reiteró.

La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero, sostuvo que la oposición decidió utilizar los mecanismos institucionales previstos para que se investigue el desempeño de ambos fiscales y afirmó que hubo “irregularidades en la causa”.

“Este cuerpo de legisladores, con todos los bloques de la oposición y con la responsabilidad que les compete, ha tomado la decisión de presentar dos denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el fiscal Garzón y contra el fiscal Rodríguez”, dijo. “Queremos que se abra una investigación para establecer si hubo procedimientos tardíos, omisiones o algún mal desempeño que pudiera haber entorpecido la continuidad de la causa”, agregó Ferrero.

La legisladora consideró que existieron demoras y situaciones que merecen ser analizadas por los organismos competentes. “Creemos que el procedimiento estuvo contaminado por muchísimas demoras y sospechas que podrían haber evitado la tragedia o generado alertas frente al desenlace que terminó con la muerte de Agostina”, afirmó.

Finalmente, remarcó que será el Jurado de Enjuiciamiento el encargado de determinar si hubo responsabilidades funcionales.

Desde Encuentro Vecinal, el legislador Gerardo Grosso, fue más allá de los cuestionamientos a la Justicia y reclamó también consecuencias políticas para el concejal justicialista Ricardo Moreno, quien reconoció haber participado en el ingreso de Claudio Barrelier como becario a la Municipalidad de Córdoba y haber ejercido su defensa en una causa judicial anterior.

“Los cordobeses deben examinar el accionar y los dichos del concejal Ricardo Moreno, de los fiscales intervinientes y los vínculos de Barrelier con el poder peronista. Pediremos en la Legislatura el jury para los fiscales y espero la expulsión del concejal”, dijo.

En la misma línea, el legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda vinculó el caso con el reciente tratamiento legislativo de la creación de Procuración Penitenciaria, donde fue designado el fiscal Rodríguez. “¿Será el nombramiento de Rodríguez como procurador Penitenciario Adjunto un pago por este y otros favores al peronismo cordobés? Lo queremos saber y se lo vamos a preguntar”, afirmó.

El dirigente también pidió sanciones políticas para el concejal y referente de las 62 Organizaciones. “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr la expulsión de Ricardo Moreno, jefe político y abogado del presunto asesino de Agostina, del Concejo Deliberante”, sostuvo Hernández Maqueda.